El municipio de San Fernando clausuró el polígono del Tiro Federal Argentino de San Fernando, una institución fundada en 1898 y reconocida como sitio de interés histórico. La medida, dispuesta el 4 de julio, invoca una falta de medidas de seguridad sin precisar cuáles.
La decisión reavivó una discusión de fondo sobre la competencia legal en materia de polígonos de tiro. Especialistas en derecho administrativo y las propias inspecciones del organismo nacional del sector ponen en duda que un municipio pueda dictar una medida de este alcance.
La clausura que sorprendió a un club con más de un siglo de historia
El viernes 4 de julio, inspectores municipales colocaron la faja de clausura sobre el polígono ubicado en Sobremonte 1167, en el casco histórico del partido. El acta alega una “falta de medidas de seguridad” genérica, sin identificar qué norma se habría incumplido.
Según la comisión directiva del club, no existió expediente administrativo previo, intimación ni pedido de descargo. El único antecedente serían fotos anónimas enviadas por WhatsApp al intendente, que mostrarían supuestos proyectiles fuera del predio, sin peritaje ni denuncia formal identificada.
La institución afectada no es un actor menor en la zona. Allí funciona una escuela de tiro, entrenan legítimos usuarios de toda la zona norte y se disputa un campeonato anual de seis fechas con categorías de precisión y tiro rápido.
La clausura paraliza la actividad deportiva de una de las entidades más antiguas de San Fernando, en funcionamiento ininterrumpido desde el 18 de marzo de 1898.
¿Puede un municipio clausurar un polígono habilitado por el ReNAr?
El marco legal argentino asigna el control de los polígonos de tiro a la órbita nacional. La Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429 y su reglamentación otorgan esa competencia al ReNAr (Registro Nacional de Armas, ex ANMaC), que fija los requisitos técnicos de cada línea de tiro, los parabalas y las distancias.
En este caso, el organismo nacional ya se expidió. El ReNAr realizó tres inspecciones entre 2024 y 2025 con personal técnico propio, y en las tres oportunidades concluyó que el polígono cumple con la totalidad de las exigencias de seguridad, sin observaciones.
Ese antecedente debilita la posición municipal. Desde el entorno del club sostienen que una clausura sin competencia, sin expediente y sin prueba técnica difícilmente supere una revisión judicial, más aún frente a tres verificaciones recientes de la autoridad nacional.
¿Qué puede pasar ahora con el polígono?
La comisión directiva del club definió una estrategia legal en tres etapas. La primera es el descargo ante el Tribunal de Faltas, que se presenta esta semana antes del vencimiento del plazo, con el pedido de que el juez no convalide la clausura y ordene el retiro de la faja.
En paralelo, el club se presentará ante la Fiscalía para aportar la documentación del ReNAr y exigir que, si los supuestos proyectiles existen, se realicen los peritajes correspondientes. Fuentes del ámbito judicial señalan que fotos sin pericia ni cadena de custodia carecen de valor probatorio.
Si el municipio no revierte la medida, la vía judicial contempla una medida cautelar para reabrir el polígono, un reclamo por daños y perjuicios por cada día de cierre y la eventual denuncia penal contra los funcionarios intervinientes.
El caso trasciende a San Fernando: distintos municipios dispusieron clausuras similares sobre Tiros Federales que llevan más de 120 años en sus ubicaciones actuales. Lo que se resuelva aquí podría marcar el criterio para el resto del país.
